Redazione RHC : 12 septiembre 2025 11:40
Un incidente inusual ocurrió en el Campus Spinoza de Ámsterdam: un atacante desconocido hackeó el sistema de pago digital de cinco lavadoras. Durante varias semanas, los estudiantes pudieron usar las lavadoras gratuitamente, hasta que Duwo, la empresa responsable de las residencias estudiantiles, cerró el acceso a la lavandería durante el verano. Desde entonces, más de 1200 residentes no han podido lavar su ropa en el campus.
Duwo explicó que no podía cubrir los gastos de los estudiantes: los fondos recaudados con el servicio de lavandería de pago se utilizaban para el mantenimiento de los equipos y mantener las tarifas asequibles. Tras descubrirse la brecha, el acceso a las máquinas se bloqueó por completo. No se ha encontrado al atacante. Esta fue la primera vez que esto ocurre en empresas holandesas.
Los estudiantes se vieron obligados a usar diez lavadoras manuales viejas en un edificio cercano. Sin embargo, a menudo se estropean por sobrecarga, y a menudo solo funciona una máquina para toda la comunidad. Los residentes afirman que las colas se están volviendo enormes, y algunos están preocupados por las condiciones insalubres. Muchos señalan que el calor en los edificios es mucho más molesto que el llamado «was-gate». Otros admiten que siempre han preferido lavar la ropa en esta lavandería, donde hay más máquinas y colas más cortas.
El experto en ciberseguridad Simen Rouwhof explicó que el hackeo de dispositivos domésticos inteligentes es una tendencia en auge. Las lavadoras o televisores conectados a internet pueden interceptarse mediante programas en un portátil. Los dispositivos capturados no solo pueden realizar lavados de datos gratuitos, sino que también pueden utilizarse para ciberataques: si se conectan a una red, pueden bloquear sitios web importantes mediante solicitudes masivas (DDoS). Según Rouwhof, en el caso del campus, lo más probable es que los culpables fueran los propios estudiantes, quienes tienen conocimientos de programación. Para ellos, un experimento de este tipo podría haber representado un desafío y una forma de reafirmarse.
Desde una perspectiva legal, las consecuencias son graves: el acceso no autorizado a los dispositivos puede conllevar hasta un año de prisión, y si implica el robo de fondos, la pena puede ser de hasta 6 años. Ruwhof aconseja a los estudiantes que denuncien cualquier vulnerabilidad que encuentren y que no la utilicen para fines personales; de lo contrario, el tribunal considerará tales acciones como delitos.
Duwo afirmó que pronto cambiará al uso de dispositivos tradicionales sin módulos digitales para prevenir este tipo de incidentes. Según Ruwhof, el rechazo de equipos «inteligentes» en las zonas comunes está justificado: reduce el riesgo de fugas de datos y previene la posibilidad de ataques. Señaló que incluso los especialistas se sienten tentados a examinar dichos dispositivos en busca de vulnerabilidades.
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