Aniello Giugliano : 17 noviembre 2025 22:37
La privacidad en Estados Unidos es un tema de debate constante, especialmente en la era digital. La Corte Suprema ha desempeñado un papel fundamental en la interpretación de la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos de registros e incautaciones irrazonables.
Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, la vigilancia masiva ha evolucionado, planteando interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales. En este contexto, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) , y en particular la Sección 702 , introducida por la Ley de Enmiendas a la FISA de 2008 , son instrumentos legislativos controvertidos que afectan la privacidad en Estados Unidos y sus esferas de influencia.
Pero, ¿qué significa todo esto para los ciudadanos estadounidenses y europeos que utilizan sistemas y software de empresas estadounidenses?
La Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece que:
» No se violará el derecho de las personas a la seguridad de sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables; y no se expedirán órdenes de registro ni de detención, salvo por causa razonable respaldada por juramento o declaración jurada, y que describa particularmente el lugar que ha de ser registrado y las personas o cosas que han de ser incautadas. «
Históricamente, la Corte Suprema ha interpretado la Cuarta Enmienda en función de las necesidades de cada época. Con la llegada de internet y las telecomunicaciones digitales, el reto consiste en definir si la recopilación electrónica de datos se encuentra amparada por las protecciones constitucionales y, en caso afirmativo, cómo.
La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) se promulgó en 1978 para regular la vigilancia del espionaje extranjero y las actividades terroristas. Esta ley estableció el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés) , un tribunal secreto que aprueba las solicitudes de vigilancia por motivos de seguridad nacional. La FISA se ha actualizado varias veces, especialmente después del 11 de septiembre de 2001, para adaptarse a las nuevas amenazas globales y al desarrollo de las tecnologías de vigilancia.
La Sección 702 de la Ley de Enmiendas a la FISA de 2008 constituye una importante facultad de recopilación de inteligencia que permite a la Comunidad de Inteligencia (CI) recopilar, analizar y compartir información de inteligencia sobre amenazas a la seguridad nacional. La Sección 702 autoriza la recopilación selectiva de información sobre personas extranjeras, exclusivamente no ciudadanas estadounidenses , que se cree que se encuentran fuera de los Estados Unidos.
La Sección 702 de la FISA establece criterios estrictos para determinar quién puede ser objeto de vigilancia, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses y de cualquier persona que se encuentre en el país. La ley solo permite el monitoreo de personas no estadounidenses ubicadas en el extranjero que se consideren involucradas en actividades relevantes para la seguridad nacional. Esto incluye a personas que puedan poseer, recibir o transmitir información sensible relacionada con el terrorismo, el espionaje o la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo es prevenir posibles amenazas globales mediante actividades de inteligencia selectivas.
Por otro lado, la ley prohíbe categóricamente la vigilancia de ciudadanos estadounidenses, independientemente de su ubicación geográfica, así como de cualquier persona que se encuentre físicamente en Estados Unidos. Además, se prohíbe la llamada «vigilancia inversa», es decir, el uso de la vigilancia de una entidad extranjera con la intención de obtener información sobre un ciudadano estadounidense o una persona presente en territorio estadounidense. Este principio es fundamental para garantizar que las actividades de inteligencia no vulneren las protecciones constitucionales establecidas por la Cuarta Enmienda.
A pesar de su utilidad en la lucha contra el terrorismo y la protección de la seguridad nacional, esta disposición legislativa ha suscitado considerables críticas por sus implicaciones en materia de privacidad y derechos civiles.
Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que, durante las actividades de vigilancia, se recopilen datos de ciudadanos estadounidenses de forma incidental. Si bien la ley prevé procedimientos de minimización de datos para limitar el uso indebido de dicha información, las organizaciones de derechos civiles denuncian que las fuerzas del orden podrían acceder a ella sin una orden judicial, eludiendo así las protecciones de la Cuarta Enmienda. Además, la falta de transparencia en las decisiones del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC , por sus siglas en inglés) y la ausencia de supervisión pública directa alimentan la inquietud sobre un posible abuso del poder de vigilancia.
Algunos críticos argumentan que el uso de la información recopilada podría extenderse más allá de la lucha antiterrorista y la seguridad nacional, llegando a ámbitos como las investigaciones penales internas sin las debidas garantías procesales. Estas preocupaciones han suscitado un intenso debate sobre la necesidad de reformar la legislación mediante la introducción de controles más estrictos y una mayor supervisión.
A lo largo de los años, la Sección 702 de la FISA ha recibido críticas no solo de grupos de derechos civiles, sino también de gigantes tecnológicos. En 2017, empresas como Google, Microsoft, Facebook y Amazon enviaron una carta al Congreso solicitando la reforma de la ley para garantizar una mayor transparencia y protección de la privacidad.
En la carta, las empresas destacaron cinco áreas clave para la mejora:
La Sección 702 también ha sido objeto de fuertes críticas en el ámbito político, especialmente por parte del senador Ron Wyden , defensor de larga trayectoria de las libertades civiles. Wyden ha denunciado reiteradamente los abusos de la vigilancia sin orden judicial, destacando que la renovación de la Sección 702 siempre se produce sin un debate público adecuado.
Tras la enésima prórroga de la ley, el senador declaró:
«El Senado esperó hasta el último minuto para aprobar a toda prisa la renovación de la vigilancia sin orden judicial, en plena noche. Pero no me daré por vencido. El pueblo estadounidense sabe que la reforma es posible y que la libertad no tiene por qué sacrificarse en aras de la seguridad.»
Wyden también hizo hincapié en que, a pesar de las promesas de reforma, siguen surgiendo nuevos casos de abuso y violaciones, lo que alimenta la desconfianza en el programa de vigilancia.
A pesar de la presión de las grandes tecnológicas y del senador Wyden para lograr un mejor equilibrio entre la seguridad y la protección de la privacidad, sus demandas no han conducido a las reformas deseadas, y la legislación se ha renovado varias veces sin cambios sustanciales.
A lo largo de los años, varios grupos de defensa de los derechos civiles han impugnado la constitucionalidad de esta ley de vigilancia. La Corte Suprema, si bien aún no ha emitido una decisión definitiva al respecto, ha reconocido gradualmente la importancia de adaptar la Cuarta Enmienda al contexto digital, como se demostró en los casos de Carpenter contra Estados Unidos (2018) y Riley contra California (2014).
El debate sobre la privacidad en Estados Unidos continúa evolucionando al ritmo de los avances tecnológicos y los nuevos desafíos a la seguridad nacional. Por un lado, las instituciones gubernamentales argumentan que las herramientas de vigilancia avanzadas son esenciales para contrarrestar las amenazas globales cada vez más sofisticadas; por otro, activistas y expertos legales advierten que una expansión descontrolada de la recopilación de datos podría comprometer las libertades civiles y sentar un peligroso precedente para el futuro. En una era donde la información digital ocupa un lugar central en la vida cotidiana, equilibrar la privacidad y la seguridad sigue siendo uno de los problemas más complejos de nuestro tiempo. El papel de la Corte Suprema y del poder legislativo será crucial para determinar hasta qué punto puede llegar el gobierno con la vigilancia sin violar los principios constitucionales, y si las protecciones actuales son suficientes para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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